Como respuesta a las demandas de los colectivos ciclistas, que han sufrido en las últimas semanas innumerables tragedias provocadas por conductores imprudentes, en muchos casos, además, ebrios y drogados, el grupo parlamentario popular presentarán este jueves en el Congreso una proposición de ley de reforma del Código Penal con el objetivo concreto de castigar con hasta 9 años de cárcel los atropellos a grupos de ciclistas como el que se produjo en Oliva (Valencia) el pasado 7 de mayo.
En la actualidad, la pena máxima que puede recaer sobre la autora del atropello de Oliva, que conducía drogada y borracha y acabó con la vida de tres ciclistas, son los cuatro años previstos en caso de homicidio por imprudencia grave.
La proposición, que tendrá que ser admitida a trámite y sometida a las enmiendas de los demás grupos parlamentarios, incluye también un nuevo tipo penal que castiga con entre seis meses y cuatro años de cárcel a los conductores implicados en accidentes de tráfico con resultado de muerte que se fuguen del lugar de los hechos.
En la legislación vigente, las fugas están sancionadas, en teoría, por el denominado delito de omisión del deber de socorro, pero cuando el fallecimiento de la víctima es inmediato, la fuga queda impune porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que no hay obligación de auxiliar a una víctima una vez ha muerto.
Fue el caso del ciclista Óscar Bautista, atropellado por un camionero que se dio a la fuga y cuya viuda, Anna González, recogió 200.000 firmas a través de change.org para exigir que se castigaran estas conductas. La campaña de González, #porunaleyjusta, también exigía revertir la reforma penal llevada a cabo por el anterior Gobierno del PP que suprimió las faltas del Código Penal, con lo cual los homicidios por imprudencia leve con resultado de muerte, como el que ocurrió con Óscar, ya no conllevan ningún castigo para el autor, quedan impunes, y las víctimas no se pueden beneficiar de ningún derecho de amparo.
En su proposición parlamentaria, el PP responde a esta petición con una reforma menos ambiciosa. Establece que cuando el culpable del siniestro conduzca bajo los efectos de las drogas, el alcohol o con exceso de velocidad, establecidos como delitos en el Código Penal, se considerará que ha cometido una imprudencia grave con resultado de muerte y, por tanto, susceptible de ser penada con hasta cuatro años de cárcel. Pero las imprudencias leves seguirían sin ser sancionadas penalmente.
Según Anna González, la propuesta del PP es un paso adelante que podrá complementarse con las enmiendas que presenten el resto de grupos parlamentarios, que se comprometieron a plasmar su iniciativa en una reforma penal.
